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Las Disposiciones de los Derechos Humanos en la Autorización de Iniciativa Definitiva de Mérida se deben convertir en Realidad, dice Amnistia Internacional.

(Washington) — Amnistia Internacional dio hoy la bienvenida a las protecciones de los derechos humanos en la versión definitiva del Congreso en cuanto al paquete de ayuda para luchar contra los carteles de drogas en México y América Central, enunciando que el proyecto definitivo es un primer paso importante para evitar abusos militares y por parte de la policía, que incluye la tortura. La organización de los derechos humanos advirtió que la implementación dependerá del compromiso de las autoridades mexicanas, centroamericanas y estadounidenses. El presidente Bush sancionó como proyecto de ley el lunes el primer bloque de financiación para la denominada Iniciativa de Mérida.

“El mandato de los derechos humanos de la Iniciativa de Mérida es claro. Ahora que el Congreso ha incluido las condiciones de los derechos humanos en la Iniciativa de Mérida, la clave será asegurarse de que se implementen en su totalidad,” dijo Renata Rendón, vocero de la Américas en Amnesty International EE.UU. “Estas disposiciones pueden ayudar a asegurar que se respeten los derechos humanos en la lucha contra el tráfico de drogas. Estados Unidos, México y América Central deben trabajar juntos para asegurar que las medidas de los derechos humanos se implementan por completo conforme a la ley internacional.”
La legislación definitiva requiere que el 15% del total de los fondos para las fuerzas militares y policiales sólo pueda disponerse después de que la Secretaría de Estado de EE.UU. informe por escrito al Congreso que se han cumplido las siguientes condiciones:

  • Los fiscales civiles y las autoridades judiciales están investigando y procesando, conforme a la ley mexicana e internacional, a los miembros de la policía federal y de las fuerzas militares que violan los derechos humanos, y la policía y autoridad militar está cooperando íntegramente con las investigaciones.
  • El testimonio obtenido mediante tortura u otro trato desafortunado no se utiliza en el sistema de la justicia.
  • Las autoridades del gobierno mexicano consultan en forma habitual a los derechos humanos mexicanos y las organizaciones de la sociedad civil para que hagan recomendaciones en cuanto a la implementación de la Iniciativa de Mérida conforme a la ley mexicana e internacional.
  • La responsabilidad y transparencia de la policía está mejorando, lo que incluye el establecimiento de comisiones de quejas de la policía independiente.

“La Secretaría de Estado debe informar que el gobierno mexicano cumple con las condiciones, a fin de que se distribuyan los fondos,” dijo Rendón.

El informe que acompaña el proyecto también expresa la preocupación del Congreso de EE.UU. por la falta de investigación y procesamiento por parte de México de los oficiales de la policía responsables de las violaciones de los derechos humanos, que incluye violación y violencia sexual contra mujeres en San Salvador Atenco en mayo de 2006 y en Oaxaca entre junio y diciembre de 2006.
Desde el principio del proceso de apropiaciones la Cámara y el Senado expresaron su preocupación por la investigación errónea del asesinato del periodista norteamericano Bradley Roland Will en octubre de 2006.  El informe exige a la Secretaría de Estado presentar un informe al Congreso que detalle el progreso en llevar a cabo una investigación rigurosa, creíble y transparente para identificar a los autores del asesinato de Brad Will y llevarlos ante los tribunales.

6º Festival del Día Mundial del Refugiado.

Como cada 20 de junio se celebra el Día Mundial del Refugiado y en todo el mundo se realizan diversas actividades para visibilizar la situación que viven y mostrarles apoyo y respeto a millones de personas que se ven forzados a emprender una nueva vida al tener que salir de sus países, ya sea como consecuencia de un conflicto armado, persecución o la violación de sus derechos humanos.

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Por sexto año consecutivo Amnistía Internacional, la Casa Espacio de los Refugiados, Sin Fronteras, IAP, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED han organizado colectivamente este festival.

Este año las actividades se realizaron en la Casa del Lago “Juan José Arreola” de la UNAM y el programa que inició el 21 de junio y concluyó el 29 de junio con una presentación musical en la que participaron varios grupos y artistas de Haití y México, tales como Sukre-ol, Amasan Ginen, Charles Walnex, Emmanuel Delicieux, Me-Stair y Raztlan.

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Así también llevó a cabo un ciclo de documentales los días 21, 22 y 28 y 29 de junio en donde se abordaron desde distintas aristas el complejo problema del asilo y el refugio alrededor del mundo. Con ella se contó con una mesa de debate para cada uno de los días de proyección en la que colaboradores de las organizaciones convocantes y expertos en los temas respondieron a los cuestionamientos hechos por los asistentes

Dicho Festival busca promover y difundir los derechos humanos de la población refugiada en México, subrayar la importancia de la integración local de los refugiados y solicitantes de asilo, sensibilizar a la sociedad sobre la valiosa contribución cultural de distintos grupos étnicos y nacionales y recordar la responsabilidad de los gobiernos para diseñar e instrumentar políticas de protección a estos.

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AI México en el Papalote.

Del 7 al 15 de junio pasado Amnistía Internacional México participó en el evento « dame un abrazo que yo te pido » el cual se realiza todos los años en el Papalote, Museo del Niño de la Ciudad de México con el fin de educar a los niños y a las niñas sobre sus propios derechos tanto como los de los demás.

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AI México llevó a cabo dos actividades dirigidas a sensibilizar la niñez mexicana sobre las condiciones de vida de la niñez darfurí. Estas se realizaron con mucho éxito gracias a la participación y al entusiasmo que demostraron niños y padres.

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Conociendo los Derechos económicos, sociales y culturales

Conociendo los Derechos económicos, sociales y culturales

Todas las personas, sea cual sea su lugar de residencia, tienen derecho a vivir con dignidad. Esto significa que a nadie se le debe negar su derecho a la educación, a una vivienda adecuada, a la alimentación, al agua y al saneamiento, al disfrute del más alto nivel posible de salud y a otros derechos económicos, sociales y culturales.

 

Desde que en 1948 se adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos, la comunidad internacional ha reconocido que todos los derechos humanos son indivisibles.Tras la marginación en la que, durante gran parte del siglo XX, la política de la Guerra Fría sumió a los derechos económicos, sociales y culturales, un gran número de personas y organizaciones actúan hoy para reclamar estos derechos. No obstante, se necesitan mayores esfuerzos para garantizar el respeto, la protección y la realización de estos derechos para todas las personas en todos los lugares.Durante más de 45 años, Amnistía Internacional ha movilizado a millones de personas de todo el mundo y se ha adaptado para abordar los motivos de preocupación más acuciantes en materia de derechos humanos del momento actual, entre los que se cuentan:

  • la epidemia global de desalojos forzados en masa;

  • la negación generalizada del acceso a servicios de salud esenciales;

  • la discriminación contra las personas que viven con el VIH/sida;

  • la discriminación contra las niñas y las minorías en el acceso a la educación:

  • otras violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales.

El hambre, la falta de hogar y las enfermedades prevenibles no son problemas sociales inevitables ni la mera consecuencia de la falta de recursos: son el resultado de leyes, políticas y acciones que minan los derechos humanos de las personas.


¿Cuáles son los derechos económicos, sociales y culturales?
El derecho a una vivienda adecuada, que incluye la protección frente al desalojo forzado y el acceso a una vivienda asequible, habitable y culturalmente adecuada.
Los derechos culturales, que incluyen el derecho de las minorías y los pueblos indígenas a la preservación y la protección de su identidad cultural.
El derecho a la educación, que incluye el derecho a una educación primaria gratuita y obligatoria y a una educación progresivamente disponible, accesible, aceptable y adaptable.
El derecho a la alimentación, que incluye el derecho a no pasar hambre y el acceso permanente a comida nutritiva suficiente o a los medios para obtenerla.
El derecho a la salud, es decir, el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, incluidas unas condiciones de vida saludables y servicios de salud disponibles, accesibles y de buena calidad.
El derecho al agua y al saneamiento, es decir, el derecho a contar con agua suficiente y a disponer de instalaciones higiénicas seguras y accesibles física y económicamente.
El derecho al trabajo y los derechos laborales, es decir, el derecho a elegir libremente el trabajo y a gozar de unas condiciones laborales justas, protección frente al trabajo forzado y el derecho a formar sindicatos y unirse a ellos.


¿Quién es responsable?
Los Estados, a través de los gobiernos nacionales, son los principales responsables de hacer realidad los derechos humanos. Deben respetar, proteger y realizar los derechos sociales, económicos y culturales.Cuando los Estados carecen de recursos para hacer realidad por sí mismos los derechos económicos, sociales y culturales, deben pedir y recibir ayuda internacional. La violación de los derechos económicos, sociales y culturales no es una cuestión de ausencia de recursos adecuados, sino de falta de voluntad, negligencia y discriminación.Los Estados también tienen obligaciones en materia de derechos humanos que trascienden sus fronteras. Cada vez es más frecuente que cooperen en acuerdos de comercio internacional y que ayuden a personas de otros países a través de la ayuda internacional al desarrollo, así como que las empresas internacionales tengan su sede en un país y operen en otro.En estos y otros casos, los gobiernos deben garantizar que no violan los derechos humanos en el extranjero y que protegen a la población de otros países frente a los abusos cometidos por quienes están bajo su jurisdicción. Asimismo, deben actuar para respaldar la realización universal de los derechos humanos, garantizando la ausencia de discriminación y dando prioridad a las personas y grupos más vulnerables.La ayuda a las personas marginadas no es una cuestión de caridad: es una obligación en materia de derechos humanos.Los Estados actúan juntos a través de las instituciones financieras internacionales y, al hacerlo, deben asegurarse de que su impacto en los derechos humanos es positivo.Las empresas también tienen la responsabilidad de garantizar que no contribuyen a violaciones de derechos humanos, operen donde operen.

Fuente: Amnistía Internacional, 2008